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SANTA FE.- Un matrimonio y sus dos hijos están detenidos, acusados de una presunta estafa por más de 122 millones de pesos en perjuicio de una conocida empresa cerealera de la zona de Reconquista, cuyo titular falleció un mes atrás como consecuencia de síntomas relacionados con el coronavirus.
Desde el viernes pasado, el matrimonio compuesto por Martín Zabala (50) y Silvia Marega (51), y sus hijos Ezequiel (24) y Santiago Zabala (27), cumplen prisión preventiva por 90 días dispuesta por el juez penal Santiago Benegas, a instancias del fiscal Leandro Mai, tras haber sido imputados por delitos contra la firma Aníbal Moschén Hnos. SA, dedicada al cultivo de cereales y algodón, y servicio de trasporte automotor de cereales.
El jefe de familia fue encartado como autor de 240 delitos de estafas y falsificación de cheques, ambos reiterados en varias oportunidades. El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó también la coautoría del delito de lavado de activos agravado, por realizarse con «habitualidad», y como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.
La esposa y los dos hijos de la pareja son investigados como coautores del delito de lavado de activos. El magistrado también ordenó la inhibición general de los bienes y de las cuentas a nombre de los cuatro imputados y de una persona de existencia ideal que fue utilizada para cometer los delitos que se investigan.
El fiscal Mai sostuvo que «está sobradamente acreditado que los miembros de la organización delictiva no tienen forma alguna de justificar la evolución del patrimonio de inicio, no hay manera de que justifiquen la evolución patrimonial que hoy supera los 122 millones de pesos, comenzando con 105.000 pesos de ingresos en todo el grupo familiar (sumó los $35.000 del salario docente de Silvia Marega y los $70.000 de Martín Zabala como empleado administrativo en Moschén Hnos). Con eso pretenden justificar con la cultura del ahorro», reprochó.
También explicó que «si no hubieran tenido ningún tipo de gasto, con ese ingreso, tendrían que haber ahorrado durante 100 años la totalidad de los 105.000 pesos para llegar a los 122 millones, todo eso sin gastar un solo peso», remarcó. Los detenidos están alojados en la alcaidía de la jefatura policial de Vera, próxima a Reconquista.
Según informes a los que accedió LA NACION, los imputados conformaban sociedades y generaban facturas truchas. El dinero que esas maniobras generaban era utilizado para comprar inmuebles, vehículos de alta gama y lanchas, entre otros bienes.
Sobre la causa, el fiscal Mai indicó que «las estafas que investigamos son maniobras ilícitas cometidas desde enero del año pasado y hasta julio de este año. El imputado trabajaba en una empresa de transporte de cereales y algodón ubicada en Reconquista y se valió de su cargo de empleado para desplegar su accionar delictivo».
Para el funcionario, Martín Zabala «ingresó facturación apócrifa al circuito de pago de la firma. Lo hizo mediante operaciones ficticias que carecían de los códigos o documentos necesarios para acreditar el transporte de granos o algodón. También emitía facturas de servicios de fletes no prestados», remarcó.
El perjuicio económico causado a la empresa fue por la suma de 122.415.805,81 pesos, y «para perpetrar el engaño, las facturas fueron emitidas a nombre de personas humanas y jurídicas», agregó el fiscal.
El principal imputado obtuvo, según la Justicia, de forma ilegítima cheques de pago diferido de la empresa y falsificó la grafía de las personas a las que habían sido asignados, como así también la rúbrica de alguno de ellos en favor de una empresa que había creado para fines ilícitos.
Además, los imputados crearon una empresa con el fin de poner en circulación el dinero y los bienes procedentes de las estafas, de la falsificación de cheques y de otras maniobras que causaron un perjuicio patrimonial a la firma. Para el fiscal, «lo hicieron para que esos bienes adquieren la apariencia de un origen lícito».
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